Consecuencias de los conflictos sociales en las actividades extractivas
Columna de opinión realizada por Miguel Hidalgo Medina, gerente general de Minalgo SA.
Las actividades extractivas en el Perú, especialmente minería e hidrocarburos (circuito petrolero de la selva), han sido y siguen siendo objeto de bloqueos, paralizaciones y usurpación de terrenos en concesiones mineras. En mi opinión, desde fines del 2022, la conflictividad social se vino acentuando y se agravó post destitución del Expresidente Pedro Castillo, lo cual acarreó una protesta generalizada, sobre todo en el sur del país. Las grandes minas de producción de cobre (Las Bambas, Antapacay y Constancia) fueron muy afectadas por el bloqueo de la vía principal que constituye el corredor minero con destino a Matarani; asimismo, una serie de proyectos mineros en las regiones: Pasco (tajo San Gerardo) y Ayacucho (mina Inmaculada) sufrieron los efectos de la conflictividad social en torno a sus proyectos.
Considero que el Estado Peruano en estos casos no cumple con lo establecido en el Art. 62º - 63º de la Constitución Política del Perú, de proporcionar seguridad y garantía a las inversiones nacionales o extranjeras. Se ha debilitado aún más el principio de autoridad, la capacidad de desarrollar investigaciones puntuales, dirigidas por una autoridad fiscal, y poder determinar los responsables ideológicos y rentistas relacionados con los conflictos que afectan las operaciones extractivas. Recuerdo que el analista político e investigador Ivan Arenas, puntualizó en una exposición titulada “Desafíos de la Gestión de la Conflictividad Social”, el alto contenido ideológico y rentista como una de las motivaciones que se suman a la conflictividad social. Además, precisó que las redes vinculantes son redes de asesores y abogados repartidos, sobre todo en el sur del Perú, las cuales pueden ser ideologizadas y muchas veces dedicadas al chantaje, y que a su vez no buscan acuerdos con la empresa porque no les conviene. Son redes que tienen llegada, sobre todo, a los medios de comunicación locales o regionales, y las cuales tienen como estrategia plantear una demanda “legítima”, lo que al final se torna en una forma de presión.
También desde mi experiencia, puedo puntualizar que las redes ideológicas son muy activas en las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos extractivos. Su ámbito de actuación se nota claramente en Puno, Cusco, Arequipa y Apurímac. Basta navegar en las redes sociales y observar el contenido ideológico en las publicaciones.
En mi opinión, la conflictividad social ha generado una caída de las inversiones mineras en el Perú, tanto es así que, una consultora como Wood Mackenzie, en un estudio realizado determina que la Republica Democrática del Congo desplazaría en poco tiempo al Perú de su posición como segundo productor mundial de cobre. Tenemos un potencial minero con capacidades para incrementar sustancialmente nuestra producción de cobre y estar en condiciones de competir con Chile por el primer lugar, pero para ello considero que tenemos que agilizar los 27 proyectos cupríferos, los cuales implicarían inversiones superiores a los 38 mil millones de dólares. Ahí están esperando Michiquillay/ La Granja/ Galeno en Cajamarca, Tía Maria/ Zafranal en Arequipa. Corremos el riesgo de que las empresas mineras puedan buscar otros destinos para invertir.
Finalmente, quiero mencionar que en esta preocupante realidad minera en el Perú tiene mucho que ver la conflictividad social, donde los más afectados son los peruanos, sobre todo aquellos que viven en regiones donde hay actividad minera, ya que ven truncado su crecimiento y desarrollo regional, local y comunitario.