La iniciativa de AMSAC: 30x30 rumbo a un mundo sostenible
Salvaguardar la diversidad biológica y los sistemas ecológicos del planeta es una preocupación global, que requiere de estrategias claras, compromisos firmes y acciones oportunas.
En respuesta a esta preocupación, la comunidad internacional ha establecido la “meta 30x30”, bajo el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. El objetivo principal de esta iniciativa es conservar el 30% de los territorios terrestres y acuáticos del mundo para el año 2030. Esto resulta esencial para garantizar la salud y el bienestar tanto de los sistemas ecológicos como de la población, ya que la conservación del entorno natural y la protección de los ecosistemas son pilares fundamentales en esta misión.
Si bien se han dado importantes pasos en materia ambiental y las empresas vienen orientando sus actividades hacia objetivos globales vinculados a la conservación, los desafíos aún continúan siendo enormes, y principalmente se circunscriben a armonizar las actividades económicas con la conservación de los ecosistemas. Así, si analizamos una de las actividades económicas extractivas más grandes y de mayor relevancia como la minería, tenemos una evolución ambiental bastante favorable, donde de la mano de la tecnología se han encontrado soluciones para evitar generar efectos perniciosos para el ambiente y los ecosistemas.
No obstante, es válido señalar que en nuestro país persiste un significativo número de pasivos ambientales de origen minero, los cuales tienen su origen en prácticas ancestrales, incluso algunos datan de la época precolonial. Estos pasivos, debido a su composición química, mantienen su capacidad para generar impactos adversos en los ecosistemas, independientemente de su antigüedad.
La recuperación de los ecosistemas, impactados por pasivos ambientales mineros, es un proceso complejo que requiere acciones integrales y de largo plazo. El tiempo necesario para la remediación de un pasivo puede variar considerablemente según su ubicación, magnitud y complejidad, además, claro está, de la existencia de disponibilidad de recursos.
Actualmente, de acuerdo con la legislación peruana, las empresas mineras son responsables de gestionar y remediar los impactos ambientales causados por sus labores, incluida la restauración de áreas degradadas. Sin embargo, cuando se trata de pasivos ambientales mineros “huérfanos”, es decir, cuando no se puede determinar con certeza quién es el responsable, la obligación recae en el Estado peruano, quien, para ejecutar dicha tarea, en el 2006, dispuso la creación de Activos Mineros (AMSAC), empresa pública experta en remediación ambiental, que ejecuta proyectos por encargo. Es así como AMSAC, durante los últimos 17 años, viene trabajando en la remediación de pasivos ambientales mineros, centrándonos en alcanzar su estabilidad física, química, hidrobiológica, así como, el mejoramiento de la calidad de los suelos y aire. La consecuencia de estas acciones tiene un impacto directo en la recuperación o restauración de ecosistemas y, en muchos casos, en la creación de nuevos hábitats. Ejemplos notables incluyen los proyectos en Delta Upamayo en Pasco, y en Calioc y Chacrapuquio en Junín, proyectos que se erigen como hábitats para especies altoandinas de fauna silvestre, algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción.
El proyecto Delta Upamayo, en Pasco, es uno de los ejemplos de cómo la remediación contribuye a la recuperación de ecosistemas. Este, está ubicado en la localidad de Vicco en el departamento de Pasco y ha permitido que organismos vivos retornen a su hábitat natural. Se puede resaltar en este proyecto, la aparición de 59 especies de variedades botánicas (flora); asimismo, en lo que respecta a fauna, específicamente en la clasificación de aves, se observó 34 especies. Gracias a la labor de remediación, se han registrado valores neutros (anteriormente ácidos), cumpliendo con los estándares de calidad ambiental para agua superficial.
Igualmente, el proyecto Calioc y Chacrapuquio en la Oroya, ha demostrado ser una iniciativa que ha beneficiado directamente a más de 910 residentes de la Comunidad Campesina de Huari, en el departamento Junín. La remediación de más de 800 hectáreas de suelos degradados ha evitado riesgos para la salud y bienestar de la población, anteriormente afectada por la dispersión de material particulado de origen minero. La siembra de más de 300 mil quinuales ha contribuido a la retención y liberación gradual de agua, creando lagunillas y promoviendo la biodiversidad. Además, estas plantas han servido de hábitat para diversas especies de aves y mamíferos. Este proyecto ha generado empleo local, ya que el 100% del personal empleado proviene de la comunidad de Huari.
De acuerdo con los estudios preliminares, este proyecto de forestación tiene el potencial para la captura de carbono y una regulación hídrica significativa, con la capacidad de obtener hasta 25 m3 de carbono por año por cada hectárea de bosque y una regulación hídrica de aproximadamente 643 m3 de agua por año. Actualmente, se vienen realizando capacitaciones a los residentes en técnicas de remediación de terrenos para su participación en el mantenimiento futuro.
El objetivo de preservar el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para el año 2030 plantea desafíos significativos, que incluyen la necesidad de identificar áreas prioritarias y gestionar adecuadamente los pasivos ambientales mineros ubicados en las áreas de amortiguamiento circundantes. Si no se abordan estos desafíos, existe el riesgo de que los ecosistemas sufran degradación y se produzca la liberación de contaminantes o sustancias tóxicas que perjudiquen la condición de los suelos, agua y aire. También, podría conducir a la fragmentación del hábitat, lo que dificultaría la movilidad de las especies y disminuiría su capacidad de sobrevivir y reproducirse. Además, podría dar lugar a la pérdida de recursos ecosistémicos, como cuencas y microcuencas.